Ciudad de México a 31 de octubre de 2019

La violencia institucional es un hecho real e inobjetable en toda la geografía mexicana, política de gobierno objetivada en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, hostigamiento y criminalización de la protesta; crímenes de Estado y de lesa humanidad que lejos de erradicarse persisten en magnitudes descomunales.

Desde la oficialidad, políticos de oficio y funcionarios argumentan que son “tiempos diferentes”, porque los males que aquejan a los ciudadanos van a terminar, no obstante, la realidad expresa que con buenos deseos no se modifica el fenómeno socioeconómico que alimenta la dictadura del capital.

Curiosamente en los lugares donde se impulsan proyectos económicos es donde mayor manifestación de la violencia está presente. En Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Oaxaca son las entidades donde la represión, los asesinatos, las desapariciones forzadas, el hostigamiento y las amenazas de muerte son constantes contra el pueblo organizado.

Con el amparo del partido político institucional que representan cometen a diestra y siniestra graves violaciones a los derechos humanos, los justifican como acciones del gobierno para garantizar la “seguridad” de los “ciudadanos”, incluso, cínicamente se atreven a decir que la violencia la genera el pueblo que realiza protestas “no pacíficas”.

En Chiapas, la represión es política de gobierno sistemática y generalizada contra el pueblo organizado, principalmente aquellos que optan por formas de lucha independiente. Desde que asumió la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas, las víctimas de estos flagelos incrementaron. Según datos del Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH), documentó que de diciembre de 2018 a agosto de 2019 el gobierno chiapaneco cometió siete ejecuciones extrajudiciales.

Los que registró son, Horacio Meléndez López y Marco Antonio Ocampo Argueta, trabajadores de la educación y activistas detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en diciembre de 2018 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Zinar Corzo, defensor de los derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en enero de 2019 en el municipio de Arriaga; Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrante de la organización MOCR-CNPA-MN, detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en enero de 2019 en el municipio de Amatán; Mario Moreno López, defensor del derecho de la posesión colectiva de la tierra integrante del FNLS, ejecutado extrajudicialmente en junio de 2019 en el municipio de Venustiano Carranza; José Luis Álvarez Flores, ambientalista y activista ejecutado extrajudicialmente en junio de 2019 en el municipio de Palenque; Renato Zárate Castañeda y Laureen Green investigadores y activistas asesinados a finales de julio de 2019 en el municipio de Zinacantán; Nora López León, bióloga, ambientalista y activista ejecutada extrajudicialmente en el mes de agosto de 2019 en el municipio de Palenque.

Crímenes de lesa humanidad cometidos en una administración que dice respetar los derechos humanos y garantizar la “seguridad” de los “ciudadanos”; discurso que en esencia garantiza la seguridad de empresarios y oligarcas que tienen inversiones millonarias en la entidad. Evidencia de que el trasfondo es económico, ahí donde se imponen megaproyectos es donde mayor manifestación de la violencia existe.

La represión es el único diálogo que conoce el gobernador de esta entidad federativa, en tan sólo diez meses de gobierno tiene una larga lista de represión contra el pueblo trabajador, como a los vendedores ambulantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los estudiantes de las escuelas normales Mactumatzá, Jacinto Canek y Manuel Larrainzar, por el hecho de exigir mejoras en la educación; la Guardia Nacional hostiga y roba a los trabajadores agropecuarios el producto de su trabajo, miembros de la organización MOCRI-CNPA-MN en el municipio de Amatán.

Fue el primer estado donde hizo presencia la Guardia Nacional, misma que en coordinación con elementos policíacos y militares implementan bases de operaciones mixtas en diversas regiones del estado las cuales estuvieron conformadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía Municipal; las denominadas “mesas de seguridad” que reúne mandos de todas estas corporaciones represivas funge como el cónclave donde se planifica el cometido de medidas represivas como desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

En Tabasco, con la aprobación de la Ley Garrote coloca al conjunto del movimiento popular e independiente en una condición de indefensión política y jurídica, en los hechos prohíbe el derecho a la manifestación de ideas y organización. El gobernador, Adán Augusto López Hernández, militante de MORENA, se comprometió a guiarse por los lineamientos del gobierno federal y los resultados de su gestión hablan de la continuidad de la represión.

En esa entidad federativa, el Movimiento Campesino Regional Indígena de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) denunció que fueron objeto de agresión por elementos de la policía del municipio de Teapa, donde accionaron sus armas de fuego e hirieron a 8 de sus militantes mientras realizaban una acción de protesta, hecho que no mereció ninguna condena por quienes intentan erigirse como paladines de la democracia.

En Oaxaca es otra entidad federativa donde la violencia se disparó contra el conjunto del movimiento popular, principalmente contra el independiente, entre ellos el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), donde son hostigados, amenazados y agredidos con armas de fuego por grupos paramilitares de la región, los cuales actúan como la punta de lanza del gobierno estatal y federal para intentar y terminar con esfuerzos organizativos que por más de 30 años tienen historia de lucha.

Veracruz es otra entidad federativa gobernada por el partido político de MORENA, entidad federativa donde la violencia institucional y el terrorismo de Estado no cesa, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y amenazas siguen como una perenne realidad hiriente. Lugar donde existen registros, según fuentes periodísticas, de 900 asesinatos en tan sólo siete meses de gobierno. Uno de estos acontecimientos fueron las 30 víctimas en el bar Caballo Blanco, Coatzacoalcos y las personas que fueron masacradas en una fiesta en Minatitlán.

Hechos que registran el incremento de la violencia institucional y el terrorismo de Estado, los cuales, tienen un común denominador, son entidades federativas donde el programa de gobierno pretende fincar el plan de desarrollo, lo que expresa que la violencia tiene un origen de clase, mientras no desmantelen el Estado policíaco militar, las graves violaciones a los derechos humanos continuarán.

Mientras haya modificación estructural de la base económica que sostiene el modo de producción capitalista, la corrupción, violencia, inseguridad, explotación y opresión persistirán porque son fenómenos inherentes al régimen.

La violencia institucional y el terrorismo de Estado es producto del mismo desarrollo del capital monopolista transnacional, mientras más desarrollo tenga mayor será la violencia que ejercerán contra el pueblo trabajador para contener el descontento y mantener en el poder político y económico a la clase que detenta ese poder.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Tomado de: FNLS

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