México, D. F. a 2 de junio de 2015

CONSEJO GENERAL DEL “INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

P R E S E N T E .

 base en los artículos 8º. Y 9º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las organizaciones y ciudadanos que suscribimos este documento deseamos manifestar nuestro rechazo al sistema partidocrático, la legislación electoral corruptora y la actuación del antifederalista “Instituto Nacional Electoral” y del Tribunal Electoral en relación con la equidad en la contienda. Estas dos instituciones han permitido y solapado la vergonzosa campaña, supuestamente electoral, del llamado “Partido Verde”, que violenta el mínimo sentido de la honestidad y de la democracia. 

Rechazamos que una persona que se burla de la manera de hablar el español por personas que tienen como lengua materna una lengua prehispánica sea quien ocupe la presidencia del órgano electoral más importante del país, supuesto impulsor del respeto a las culturas diversas y a la expresión de los mexicanos. La grabación y la filtración de la llamada que puso en evidencia a Lorenzo Córdova solamente pudo ser hecha con autorización de la “presidencia” de la República o del dueño de “Teléfonos de México”, lo que refleja el interés que tienen en proteger al mencionado “Partido Verde”, como aliado y como tabla de salvación priista.

Los demás consejeros del INE indebidamente cerraron filas para apoyar a Córdova y cayeron en el dislate de pagar 10,000 dólares para que Rigoberta Menchú viniera a tratar de compensar el desfiguro, con resultado contraproducente; la “Premio Nobel” quedó como una persona movida por el interés económico, impertinente e insensible a la situación que vivimos los mexicanos. Se pretende hablar de una supuesta democracia electoral y de una transmisión pacífica de los poderes en un país desbordado por la violencia, afectado en los preceptos básicos de su Constitución y sin credibilidad en las instituciones de un Estado al borde del colapso.

Desde 1917, el artículo 35, inciso II, de la Constitución Mexicana establece entre las prerrogativas del ciudadano el “poder ser votado para todos los cargos de elección popular”. Derecho legal que en la práctica nos ha sido conculcado a los mexicanos hasta ahora.  El 9 de agosto de 2012, se realizó una supuesta “reforma política” en la que se aprobó abrir las candidaturas independientes que ya nuestra Constitución establecía desde 95 años antes. Quienes luchamos por hacer válidas las candidaturas independientes parecía que habíamos logrado colar una pequeña ventana entre las llamadas mafias partidistas. Sin embargo, por la tradición de deshonestidad, corrupción y marrullería electoral que hemos padecido durante ya muchas décadas, los ciudadanos nos hemos mantenido escépticos ante la posibilidad de que en México realmente se realicen elecciones democráticas. Como lo previmos, la apertura a las candidaturas independientes resultó –como es habitual- una artimaña más de la clase política para darle oxígeno a los asfixiados procesos electorales, pero haciendo todo lo necesario para que dichas candidaturas no tengan las condiciones mínimas para ganar los cargos a los que se postulen.

Se mantiene un enorme privilegio para los partidos políticos por encima de los candidatos independientes, a quienes NO se les permite competir en condiciones de igualdad o equidad. En el artículo 41, en su apartado A, en el inciso e) dice:

“El tiempo (de radio y televisión) establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto”.

¿Por qué 70% para los partidos y 30% para las candidaturas independientes? ¿En qué principio de justicia se basa esa distribución porcentual? ¿Por qué los candidatos de los partidos con mayor votación en la contienda anterior deben tener mayor privilegio para competir electoralmente que los de los demás partidos y que los candidatos independientes? Son las trampas de la clase política para seguir jugando, ella sola, ¡con nuestro país!

El darle mayor presupuesto o apoyo en especie a los candidatos según la proporción de votos que su partido haya tenido en la elección anterior es tan injusto como el darle ventaja de 20 metros en la carrera de 100 metros a un corredor por haber ganado la carrera anterior, o porque algún otro integrante de su equipo lo hizo.  Todos los candidatos deben tener los mismos apoyos del Estado y estos deben ser en especie y no en dinero. Si un candidato es desde el principio más popular que otros por su oficio y/o por el trabajo político que ha venido haciendo desde mucho tiempo antes, esa ventaja es legítima como lo es en un corredor que ha entrenado y se ha esforzado desde niño. Por eso no pueden limitarse tiempos a las precampañas, ojalá que todos los ciudadanos hicieran campaña política desde siempre, para ocupar cargos y servir a la Patria.

La legislación electoral, tanto en la Constitución vigente como en la LEGIPE, está diseñada para favorecer la corrupción de los partidos, de los candidatos y de quienes ocupan los cargos de elección popular, así como su desapego creciente de los electores a quienes cada vez más se les pretende embaucar mediante engañosas campañas publicitarias y se olvida la propaganda que puede servir para la formación política del pueblo y para el diseño y desarrollo de proyectos de verdadero beneficio social. A los partidos se les otorgan cantidades exageradas de dinero a cambio de que se sometan a las reglas, restricciones, controles y manipulaciones electorales del grupo en el poder. Los salarios para quienes ocupan un puesto de elección popular son excesivos y contrastan demasiado con los salarios de los trabajadores mexicanos. Un diputado o un senador no deberían tener un salario mayor que el de un académico universitario de tiempo completo.  No es razonable que el Presidente de la República tenga un salario más de 100 veces superior al salario mínimo establecido formalmente. La degradación de los partidos es consecuencia del sistema electoral y del régimen político.

Si una persona tiene un ingreso regular de 10,000 a 50,000 pesos y forma parte así de la clase media mexicana, no es difícil imaginar el impacto que le causará el que su partido lo postule como candidato a una diputación y logre ganar la elección, pasando a tener ingresos de alrededor de 150,000 pesos mensuales, más aguinaldos jugosos y muchas otras prestaciones. ¿Quién quiere bajarse de allí 3 años después? Es obvio que harán y aceptarán lo que sea con tal de mantener ese nivel de ingreso y estatus. Para mantenerse se incorporarán a una mafia que los traslade de un puesto a otro. La corrupción y el desvío ideológico están programados en la legislación política actual.

Se produce así una clase política convenenciera, mediocre, anodina, alejada de los sentimientos de la Nación, manipuladora, que igual puede aprobar una supuesta reforma educativa, sin tener ideas ni experiencia pedagógica, que aprobar la “Reforma Energética” para terminar con la Expropiación Petrolera de 1938 –que tanto esfuerzo le costó al pueblo mexicano-, sin haber leído un solo libro, o extraer sin piedad el dinero de los bolsillos de los trabajadores y los emprendedores mexicanos a través de una fácil e insensible reforma fiscal. Así ocurre con la gran mayoría de los diputados y senadores, con sus contadas excepciones, tanto en el Congreso de la Unión como en las cámaras estatales que rapidito y hasta en fin de semana aprueban lo que se les ordena. La mayoría de los presidentes municipales, de los gobernadores y de los presidentes de la República padecen de ese mal. Por eso los resultados están a la vista: más de 60 millones de mexicanos pobres pobres; más de 110 millones de mexicanos viven con menos de 6000 pesos por cabeza. Los suicidios juveniles casi se cuadriplican en los últimos 10 años. La violencia se desborda, los cultivos agroalimentarios se abandonan. El malestar emocional es generalizado.

Debido al diseño de las leyes electorales y las distribuciones económicas, las campañas políticas abandonan la propaganda y privilegian la publicidad manipulativa. No son proyectos sociales los que compiten entre sí sino posicionamientos de imagen, se venden “productos políticos” de manera similar a como se venden los productos “chatarra”, mediante la repetición y el manejo mediático. No se trata de convencer sino de quedar posicionado en la mente del votante, hacer que no piense suficiente para que se decida a votar rápido. Con todo eso, más de la mitad de los electores se abstiene y el resto se distribuye por conveniencias específicas o buscando la opción menos mala.

En efecto, los procesos electorales actuales constituyen una elección de Estado y negocio de capitalistas, donde los gobiernos estatales y federal intervienen directamente a partir de la gestión de programas sociales y apoyos económicos, con la injerencia de financiamiento privado por parte de empresarios o narcoempresarios, ya sea en dinero o en especie, como lo hacen particularmente los oligopolios de los medios de comunicación. No existe certidumbre y certeza jurídica, además de que el sistema político y electoral no establece claramente la transparencia y revocación de candidaturas, representantes y gobernantes.

En México no hay democracia, las elecciones son una farsa, repudiamos el fraude institucional. Las elecciones no resuelven los problemas de los mexicanos: la desigualdad, la impunidad, la represión, la explotación del trabajo, la devastación del medio ambiente.

Convocamos a la organización política del pueblo mexicano para hacer un cambio de régimen y lograr que se establezca una tabla de salarios máximos tasados en una determinada cantidad de salarios mínimos. Cuanto suba el salario mínimo será en proporción lo que suban los salarios de los funcionarios públicos. Quienes sean electos por el pueblo para ocupar un cargo deben sentirse honrados por tener ese papel, con vocación de servicio social y deben tener un ingreso mesurado. Que no sea el dinero y las prebendas lo que impulse la rebatinga de candidaturas y puestos de elección popular, sino que sean quienes tienen mayor vocación de servicio a la comunidad los que resulten electos. Los salarios actuales de los cargos de elección popular debieran disminuir al menos en un 50% y aprovechar esos recursos para ciencia, educación y cultura.

Somos muchos los ciudadanos que queremos participar honestamente en la vida política nacional, estatal y municipal. Para terminar con los procesos electorales amañados y antidemocráticos como los que hasta ahora hemos tenido, hacemos los siguientes planteamientos:

  1. Quitar de los procesos electorales la mayor cantidad de dinero líquido posible.
  2. Que todos los candidatos tengan las mismas condiciones para competir, en lugar de darle mayores dineros a los partidos y, más aún, a los partidos que tuvieron mayor votación en elecciones anteriores. Todos iguales.
  3. La finalidad del Estado y de las autoridades electorales debiera ser garantizar que los planteamientos de todos los candidatos lleguen a todos los electores de tal manera que éstos puedan tener elementos de juicio para decidir su voto. Es necesario combatir la simple publicidad y la manipulación publicitaria para sustituirla por verdadera propaganda al servicio de la comunidad.
  4. En lugar de dinero, todos los candidatos, sean de los partidos o sean independientes, deben tener los mismos apoyos en posibilidades de propaganda (no de publicidad) en televisión, radio, prensa, revistas, internet, folletería, etc. Estos apoyos mediáticos deben ser amplios, suficientes y de calidad para que todos los ciudadanos logren tener acceso claro a las propuestas y conceptos de los candidatos.
  5. Debe haber una página de internet por cada elección, en las cual estén los proyectos de los candidatos en orden alfabético de su apellido paterno, de tal manera que sea fácil para los ciudadanos hacer comparaciones para decidir su voto. En la misma página pueden publicarse las contra-observaciones de los demás candidatos y puede haber foros virtuales para la expresión libre de los ciudadanos en torno a cada proyecto.
  6. Deben organizarse debates y mesas redondas difundidas por televisión, radio e internet, en las que un candidato exponga sus ideas, reciba la réplica de dos o tres de sus contendientes escogidos al azar, y luego exprese su contrarréplica.
  7. Deben organizarse foros, difundidos por televisión, radio e internet, en los que cada candidato exponga sus ideas y reciba la réplica de dos o tres ciudadanos escogidos al azar entre quienes hayan manifestado su interés por participar, y luego exprese su contrarréplica.
  8. Debe establecerse la segunda ronda electoral en aquellos casos en que el número de candidatos sea mayor de 5 y, sobre todo, cuando la suma de los votos emitidos para otros candidatos sea mayor a la de quien obtuvo más votos en la primera vuelta.
  9. Deben disminuirse sensiblemente los salarios de los cargos de elección popular para hacerlos razonables y equivalentes a las actividades científicas y académicas en las universidades.
  10. Debe establecerse el derecho de los electores a la revocación de mandato.
  11. Mientras las condiciones anteriores no se cumplan, durante los procesos electorales, los ciudadanos expresaremos nuestra protesta y realizaremos acciones para hacer difusión de ideas alternativas, promover la organización del pueblo a través de instituciones autónomas que hagan realidad los principios éticos de una nueva forma de hacer política, en la que no se busque el bien personal, sino el de la comunidad y de la Nación.

Consejo de Organizaciones Alternativas (COALT), Por el Cambio con Dignidad, A. C., Universidad Revolución (UR), Grupo Tacuba, Constitución y República Nuevo Milenio, Asamblea de Migrantes Indígenas del Distrito Federal, Cooperativa MTS, Cooperativa Nueva Tierra, Unión de Pochtecas de México, Ayuntamiento Popular de Ixtacalco, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Coordinadora Nacional de Trabajadores “Valentín Campa Salazar”, Grupo Ciudadano Autónomo (GRUCA), Profesores Jubilados del IPN, Voces Unidas por México, Brújula Metropolitana, Movimiento de Transformación Social (MTS). Antonio Vital Galicia, José Luis Hernández Jiménez, Francisco Saucedo, Fausto Cantú Peña, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Jesús Morfín Garduño, Fernando Hernández Hernández, Érika García Morales, Mario Antonio Padilla Becerra, Luis Bautista, Juan Manuel Garcés Chávez, Susana Clares, Moisés Flores Salmerón, Raúl Olivera Méndez, Gonzalo Mejía, Ignacio Enrique Peón Escalante, René Torres Bejarano, Alejando García Núñez, Marco Eduardo Murueta, Jorge Hernández Hernández, Humberto Pérez V., José Medina A., Eloy Meza Fuentes, José María Rivas Manzanilla, Lilia Colín,  Jesús Amozurrutia Silva, Margarita Allende Guerrero, Paulino Solano Pineda, Jesús Espino, Rocío Adela Rosete Denis, Alberto Ojeda G., Juan Ignacio López Espinosa, Ignacio Monsalvo E.,Teresa Sillas.

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